Mouris Salloum George*
Es cierto que, en materia de formación de leyes, vale más ir con la sonda puesta antes que quemar etapas. Cosa muy diferente, es amodorrarse en la hamaca de los usos y costumbres.
Se cierra en estas horas el primer año legislativo del nuevo Congreso de la Unión. Sólo para citar un caso: Desde 2017 está pendiente el nombramiento de los titulares de instancias de control interno de los órganos autónomos del Estado.
No es asunto menor, cuando el combate a la corrupción pública es prioritario en la agenda del gobierno de la República.
Relacionada con ese tema, está la Ley de Austeridad que, a menos de 24 horas de que se clausure el segundo periodo de sesiones de la LXIV Legislatura, no se sabe que dictamen bajarán al pleno las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto de San Lázaro.
En la misma vertiente está la llamada Ley de confianza ciudadana para prevenir y eventualmente penalizar la evasión fiscal por parte de causantes empresariales y ponerle freno a la impunidad.
3 y medio billones de pesos en el tapete de la especulación
Una de las iniciativas pendientes de dictamen, que no puede votarse sobre las rodillas presionado por la premura, es la que corresponde a las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Para decirlo pronto, sobre el tapete se juegan más de 3 y medio billones de pesos acumulados históricamente con las aportaciones de trabajadores y empleados para su retiro, rasurados ya por el insaciable apetito del gobierno y corporativos privados nacionales y extranjeros que se fondean con esos recursos; en el primer caso, para pagar deuda vieja y aligerar el déficit público.
A la hora de elaborar estos apuntes, no se ha planchado consenso para darle aire al proyecto de reforma que extiende el procedimiento de juicio político a la investidura del Presidente de la República, no obstante que, en otro carril, se han dado pasos adelante a la revocación de mandato.
Recursos legaloides para frenar lo ya legislado por mayorías
Sobre barrido, fregado: En no pocos asuntos cursados al través del proceso legislativo o por la vía administrativa, bancadas parlamentarias o dirigencias de partido de oposición han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación recursos de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad o amparo directo para revertir lo ya legislado por mayorías o mandatados en actos administrativos.
En abono a algunas comisiones de dictamen, ha de consignarse que en el periodo que termina se avanzó en vitales reformas constitucionales, pero, entre los pendientes que no lograrán subsanarse, están otros temas socialmente inaplazables. Verbigracia, la institución de la Seguridad Social a las trabajadoras del hogar.
Si la Cuarta transformación ha de generar una nueva cultura parlamentaria, es hora que los organigramas y cronogramas del Congreso se pongan en la frecuencia del reloj de una sociedad civil que tiene mucho tiempo en lista de espera. Tomarlo en cuenta.
